martes, 29 de abril de 2008

descentralizacion

Descentralización, Desconcentración y Regionalización
En el ámbito del fortalecimiento de la gestión de la inversión pública regional se ha avanzado en la consolidación de los instrumentos que forman parte de la Inversión de Decisión Regional (IDR), donde se ha contemplado la incorporación de nuevos programas a fin de continuar dotando de mayores recursos a las regiones. Entre éstos se contaron Vialidad Urbana, Vivienda Dinámica Social sin deuda, Fondo Nacional del Deporte, Programa de Defensas Fluviales del MOP, Fondo Comunitario Concursable del MINVU, Programa de Complejos Fronterizos del Ministerio del Interior, entre otros.




En el marco de los procesos de desarrollo regional y de descentralización que impulsa el Gobierno al través de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (SUBDERE) del Ministerio del interior, el fortalecimiento y modernización de la gestión de la institucionalidad pública descentralizada y desconcentrada constituyen una prioridad y una herramienta fundamental para apoyar y consolidar el desarrollo armónico y equitativo de los territorios y la profundización de la democracia.
Durante el presente Gobierno, este proceso se ha caracterizado por un sostenido avance en el traspaso de competencias, funciones y facultades desde el nivel nacional al regional y local de la estructura de la administración del Estado. Ello, sumado a la mayor capacidad de decisión en materia de inversión regional, ha contribuido a mejorar la distribución territorial del poder, posibilitando un mayor protagonismo de los diversos actores regionales en la toma de decisiones.
En este contexto, uno de los avances sustantivos ha sido la elaboración y presentación al Congreso Nacional de la reforma constitucional en materia regional, que ingresó a tramitación en diciembre del 2003. Este proyecto comprende la supresión de la referencia constitucional al número de regiones del país; la generación de un estatuto especial que recoja la particularidad de algunos territorios insulares –Isla de Pascua y Juan Fernández-; el otorgamiento de potestad reglamentaria al intendente para la ejecución de las leyes nacionales en el territorio regional; la consagración constitucional de la calidad del intendente como órgano ejecutivo del Gobierno Regional, entre sus principales aspectos.
En el contexto de la descentralización político-administrativa, se buscó incrementar la capacidad de gestión institucionalizada de los gobiernos regionales para lo cual el año 2003 se ingresó a tramitación legislativa un proyecto de ley que buscó modificar la Ley 19.175 Orgánica Constitucional. Este proyecto debería aprobarse el año 2005 y su fin es fortalecer y modernizar la labor de los gobiernos Regionales en el ámbito de la gestión.
En el ámbito del fortalecimiento de la gestión de la inversión pública regional se ha avanzado en la consolidación de los instrumentos que forman parte de la Inversión de Decisión Regional (IDR), donde se ha contemplado la incorporación de nuevos programas a fin de continuar dotando de mayores recursos a las regiones. Entre éstos se contaron Vialidad Urbana, Vivienda Dinámica Social sin deuda, Fondo Nacional del Deporte, Programa de Defensas Fluviales del MOP, Fondo Comunitario Concursable del MINVU, Programa de Complejos Fronterizos del Ministerio del Interior, entre otros.
En relación a las políticas territoriales para zonas extremas, se ha trabajado en la coordinación de líneas de apoyo e intervención para áreas extremas. Entre éstas, se destaca el seguimiento y coordinación del Plan Arica II, que propone medidas para producir mayor desarrollo en la zona, y la presentación de la Agenda Palena, cuyo fin es mejorar la infraestructura y conectividad de esa provincia.
Otro de los hechos relevantes fue el diseño de un Sistema de Gestión Territorial Integrada (GTI), el que pasó a formar del PMG el año 2003. El propósito del GTI es fortalecer las coordinaciones necesarias para que los servicios respondan articuladamente a las necesidades regionales. Ello, con el fin de permitir integrar sus objetivos, presupuestos y metas en beneficio de la comunidad. Para su puesta en marcha el año 2003 se capacitó a 945 autoridades y funcionarios públicos.

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