guerra civil de 1891

La Guerra Civil de 1891

Las reformas realizadas a la Constitución de 1833 fortalecieron el poder del Congreso Nacional en desmedro de la autoridad del Presidente de la República, pasando el primero a ser el centro de la actividad política.
En 1886 José Manuel Balmaceda asumió la Presidencia de la República, pretendiendo concretar un programa de gobierno que incluía puntos tales como un incentivo en obras públicas y mejoras sustanciales en la educación. Su estilo de gobernar, marcadamente “presidencialista”, chocó con la fuerza del parlamentarismo que reinaba en el Congreso, el que cuestionaba las grandes sumas de dinero invertidas en obras públicas y las opiniones del presidente en torno a la propiedad salitrera.
Los montos destinados a obras públicas eran cuestionados por el Congreso. Basta señalar que en 1886 a este rubro se destinaron 10.263.344 pesos y que en 1890 esa cifra ascendió a 21 millones. Estos montos no hacen más que representar la importancia que la industria salitrera tenía para el país. Balmaceda estaba interesado en su desarrollo. y por ello fue que, en 1889, viajó al norte para interiorizarse de su funcionamiento. En uno de los discursos que pronunció, se manifestó contrario al monopolio extranjero, lo que se consideró como una clara muestra de rechazo a la concentración de la propiedad de oficinas e instalaciones en manos de John Thomas North. Para el Presidente era deseable que “aquella propiedad –como dijo—fuese también de chilenos”.
Muchos interpretaron sus palabras como un anuncio de nacionalización de las salitreras estableciéndose la propiedad estatal sobre ellas, pero en estricto rigor, sus palabras únicamente contienen la expresión de un deseo de abrir el monopolio a la participación de capitales chilenos.
La desconfianza hacia el gobernante aumentaba, e incluso se temía su intervención en la próxima elección presidencial. Por ello, se cuestionaba constantemente la integración de sus gabinetes, forzándose los constantes cambios ministeriales. Balmaceda llegó a tener 14 gabinetes.
Estos cambios se lograban utilizando mecanismos de presión que consideraban el potencial rechazo por parte del Congreso a las leyes periódicas (presupuesto, contribuciones y fuerzas armadas). Este mecanismo era bastante simple: Estas normas tenían una vigencia establecida de antemano (12 y 18 meses) y si llegaban a rechazarse los proyectos presentados por el Presidente en esas materias, de acuerdo a lo dispuesto por la Constitución, esos temas no podrían tratarse hasta un año después. Así, si bien la designación y mantención de los ministros de Estado dependía exclusivamente del Presidente, este, ante el riesgo de encontrarse sin aquellas leyes, lo que habría imposibilitado la administración del país, optaba por ceder y componer un nuevo gabinete más acorde a la mayoría parlamentaria.
A fines de 1890 se llegó a un punto crucial. El Presidente se negó a continuar cediendo ante las presiones de los parlamentarios, a pesar de que aún estaba pendiente el despacho de la ley de presupuestos para el año siguiente. En estas circunstancias, apenas iniciado el año 1891 Balmaceda, por medio de un decreto, prorrogó la vigencia de la ley presupuestaria aprobada para 1890. Este hecho, claramente inconstitucional, marcó la profunda división que se vivía.
El Congreso respondió destituyendo al gobernante y la crisis se hizo total. Apoyados por la marina y una parte del ejército, los parlamentarios dieron vida a una Junta de Gobierno (integrada por el capitán de navío Jorge Montt, el presidente del Senado, Waldo Silva, y el de la Cámara de Diputados, Ramón Barros Luco) y se desplazaron hacia Iquique, donde organizaron nuevas tropas.
La primera acción militar se produjo en Pozo Almonte, en las cercanías de aquel puerto (marzo de 1891). En agosto siguiente, las tropas congresistas desembarcaron en Quinteros y vencieron en las batallas de Concón y Placilla (21 y 28 de agosto).
Ante la derrota militar, Balmaceda entregó el mando de la capital al general Manuel Baquedano, el héroe de la Guerra del Pacífico, con la esperanza de que el prestigio del militar pudiese evitar las venganzas que se podían producir. Pese a esto, los partidarios de Balmaceda, e incluso algunas familias que no habían tomado partido en el conflicto, vieron sus propiedades saqueadas por las turbas que recorrían la capital.
El Presidente se asiló en la embajada argentina y tras redactar una serie de cartas, se suicidó el 18 de septiembre, el mismo día en que concluía su mandato constitucional.
En una de esas misivas, conocida como su “Testamento Político”, Balmaceda manifestó que mientras subsistiera el parlamentarismo no existiría la libertad electoral ni una organización política seria.
A su juicio, tras el triunfo de los revolucionarios reinarían las divisiones y se dificultaría la acción del Presidente de la República. Según sus palabras “solo en la organización del gobierno popular representativo, con poderes independientes y responsables y medios fáciles y expeditos para hacer efectiva la responsabilidad, habrá partidos con carácter nacional y derivados de la voluntad de los pueblos, y armonía y respeto entre los poderes fundamentales del Estado”.
Realizadas las elecciones, Jorge Montt resultó electo Presidente de la República.